Justicia o impunidad, el dilema de Obama
030509
Por Roberto Castellanos
Al cumplir sus primeros 100 días de gobierno, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, enfrenta una crisis por el tema de las torturas contra prisioneros, un escándalo que heredó de su antecesor, George W. Bush. La decisión de Obama de publicar cuatro memorandos que describen los métodos usados por la anterior administración para extraer información a los detenidos provoca un debate nacional y puso el tema en primera plana, otra vez.
Los reportes relatan las técnicas, entre ellas mantener numerosos díaas de pie a los detenidos o su encierro en lugares oscuros.
También se ponían insectos en cajas al lado de los reclusos para explotar sus miedos, se les desnudaba completamente o se les rociaba agua fría, agregan.
La divulgación desató un enfrentamiento entre sectores conservadores y organizaciones civiles, que piden justicia.
Varios ex funcionarios criticaron al mandatario por revelarlos al estimar que pone en peligro la seguridad nacional, mientras activistas y abogados, aunque alabaron su postura, cuestionaron que no sean llevados ante la justicia los culpables.
Es necesario investigar más, para entender que pasa, estimó Frederick A. O. Schwarz Jr., quien encabeza un comité especial del Senado que indagó en la década de los 70 sobre los abusos cometidos por la Agencia Central de inteligencia (CIA).
Mientras, el Centro para los Derechos Constitucionales afirma que es necesario impulsar acciones legales contra los agentes de la CIA que torturaron y quienes concibieron el programa.
Nuestro país tiene normas y más de dos tercios de los norteaméricanos apoya el inicio de una investigación comentó a su vez Amnesty's Cox.
También la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) exigió el nombramiento de un fiscal especial para analizar el tema y determinar claramente quien autorizó y llevó a cabo las torturas.
Del otro lado, el ex vicepresidente Richard Cheney y el ex director de la Agencia Michael Hayden cuestionaron la divulgación de los textos.
Cheney, quien ha sido uno de los principales críticos de los primeros dÃas del gobierno de Obama, considera que el mandatario pone en riesgo la seguridad del paÃs.
Pero funcionarios de la administración señalaron que Obama analizó durante varias semanas con expertos y abogados si publicaba los memorandos, tras una querella presentada por la ACLU.
Varios de los participantes del escándalo justificaron sus acciones al comentar que sólo cumplían órdenes.
Nadie tiene derecho a torturar, aunque reciba instrucciones o les cambien el nombre a los métodos violentos de interrogatorios, afirma a modo de contestación el sitio especializado politico.com.
En principio, el presidente negó la posibilidad de enjuiciar a los culpables, pero la ola de críticas y el sentimiento de la opinón pública le hicieron cambiar de parecer.
Obama dejó entrever que esas personas podrán ser procesadas, aunque esa acción provocará¡ seguramente una dura reaccón de los republicanos más conservadores y causará¡ enojo en la comunidad de inteligencia.
En ese sentido, los senadores republicanos John McCain y Lindsey Graham y el independiente Joseph Lieberman pidieron en una carta al jefe de Estado enterrar el asunto y mirar hacia delante.
Para intentar apaciguar los ánimos, el portavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbs, destaó que no es a Obama a quien le compete decidir si es necesaria una pesquisa.
"Los abogados involucrados en el caso son totalmente capaces de determinar si alguna ley fue violada", agregó.
Al respecto, el fiscal general, Eric Holder, adelantó que el Departamento de Justicia se ceñirá a la ley a la hora de investigar, pero insistió en no llevar ante los tribunales a los culpables porque actuaron de "buena fe" al cumplir órdenes.
Vamos a seguir las pruebas adonde nos lleven. Nadie está por encima de la ley, comentó.
El tema escala en importancia tras conocerse días atrás otra investigación realizada por el Senado.
El estudio reveló que oficiales de la CIA y del Departamento de Defensa torturaron a prisioneros aún antes recibir la autorización del gobierno de Bush.
Según los documentos, el Pentágono empleó tácticas violentas de interrogatorios a finales del 2001, meses antes de que la entonces administración republicana diera luz verde.
A mediados del 2002 el Departamento de Justicia autorizó esos métodos al señalar que eran necesarios para proteger la seguridad de Estados Unidos y lo mismo hizo el entonces secretario de Defensa, Donald Rumsfeld.
Añade que las advertencias de abogados militares sobre la legalidad y la efectividad de la tortura fueron ignoradas por las autoridades.
Los próximos días serán decisivos para determinar que posición asume Obama, si enjuiciar a los culpables y cumplir con sus promesas electorales de cambio, o congraciarse con la los conservadores y la comunidad de espionaje y sepultar el asunto.
*El autor es periodista de la Redacción de Norteamérica de Prensa Latina.
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