miércoles, 18 de agosto de 2010

EEUU pendiente sobre los planes de Santos sobre el acuerdo militar suspendido.

EEUU pendiente sobre los planes de Santos sobre el acuerdo militar suspendido.

Washington, 18 ago (EFE).- Estados Unidos espera que Bogotá detalle sus planes sobre cómo proceder con el acuerdo militar que quedó suspendido el martes por la Corte Constitucional, y aseguró que, hasta entonces, la cooperación se basará en "acuerdos preexistentes".

El portavoz del Departamento de Estado para Latinoamérica, Charles Luoma-Overstreet, indicó a Efe que el Gobierno de Barack Obama está pendiente de que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se pronuncie sobre el dictamen de la Corte Constitucional de Colombia para evaluar los próximos pasos.

"Estamos esperando escuchar de la Administración de Santos sus planes sobre cómo proceder", dijo el portavoz.

Hasta entonces, "nuestra estrecha cooperación con Colombia continuará bajo acuerdos preexistentes", agregó.

El Departamento de Estado reiteró que el acuerdo de cooperación militar firmado entre ambos países en 2009 y que permitía a Estados Unidos el uso de hasta siete bases de ese país, "busca asegurar una cooperación bilateral efectiva con el fin de responder a las preocupaciones de seguridad tales como el tráfico ilícito de drogas, grupos armados ilegales y el terrorismo".

Consultado por Efe, el Pentágono se pronunció en el mismo sentido que el departamento que dirige Hillary Clinton.

El Alto Tribunal de Colombia decidió el martes dejar sin vigencia el acuerdo de cooperación militar hasta que la iniciativa cumpla los trámites propios de un tratado internacional, es decir, sea aprobado por el Congreso de ese país.

Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado, Philip Crowley, indicó en su rueda de prensa diaria que la relación militar con Colombia "es muy importante" y destacó que la suspensión es "parte de un proceso legal interno".

"Consultaremos al Gobierno de Colombia, entendemos los aspectos que implican este asunto legal y esperamos que el Gobierno de Santos tome las medidas apropiadas para garantizar que podamos mantener nuestra relación bilateral", afirmó.

Para la Corte Constitucional, el acuerdo firmado entre Colombia y Estados Unidos involucra compromisos como autorización para "acceder y utilizar instalaciones militares por personal militar y civil extranjero", "libre circulación de buques, naves, aeronaves y vehículos tácticos extranjeros por el territorio nacional, sin posibilidad de inspección o control por las autoridades nacionales".

Igualmente, autoriza el uso y porte de armas en Colombia "por personal extranjero" y la "extensión de un estatuto de inmunidades y privilegios diplomáticos para contratistas y subcontratistas, así como personas a cargo del personal de los Estados Unidos".

Por esos motivos, la Corte decidió, sin cuestionar el contenido del convenio, remitirlo "al presidente de la República para que imparta el trámite constitucional propio de tratados internacionales".

Si el Gobierno decide enviar la iniciativa al Congreso, y si es aprobado, el documento volverá a la Corte para que surta nuevamente los controles constitucionales, y si procede, hacer un estudio de fondo del tratado.

La Corte explica que las relaciones de ayuda, "asistencia y cooperación entre Colombia y Estados Unidos podrán regirse por los tratados" firmados con anterioridad al 30 de octubre de 2009, fecha en la que firmaron el convenio militar el entonces canciller colombiano, Jaime Bermúdez, y el embajador de Estados Unidos en el país andino, William Brownfield.

Así, ningún militar o personal técnico norteamericano que esté en el país debe abandonarlo pues se ampara en otros tratados.

Lo que procede ahora es que el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos lo presente ante el Congreso, pero también podría aprovechar para renegociar el contenido con Washington, opción que igualmente le obligaría a pasar el trámite parlamentario.

Cuando se conoció de este acuerdo, hace ahora un año, los Gobiernos de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua criticaron la iniciativa al considerarla una amenaza "contra la soberanía y la estabilidad de la región". EFE