Bloqueadas partes clave de la ley de inmigración de Arizona
28/07/2010 | Agencias
La jueza federal Susan Bolton ha ordenado el bloqueo de partes clave de la ley de inmigración de Arizona, que planea convertir en delito ser inmigrante ilegal. La ley entrará en vigor mañana, tal y como estaba planeado, pero a la espera de los tribunales federales se pronuncien sobre los aspectos más polémicos, como el que permitía a los policías ejercer como agentes de inmigración.
A tan solo unas horas de que entrase en vigor la ley de inmigración SB 1070 de Arizona que pretende convertir en delincuente a cualquier persona "sospechosa" de no tener los papeles en regla, la jueza federal Susan Bolton ha ordenado el bloqueo de partes clave de esta nueva normativa.
Los fragmentos de la ley que bloqueados hoy se mantendrán en suspenso hasta que los tribunales federales se pronuncien sobre su contenido.
En la orden de la jueza Bolton se indica que "hay una probabilidad sustancial de que los agentes detengan erróneamente a inmigrantes legales bajo la nueva ley". "Al aplicar esta medida, Arizona impondría una carga extraordinaria, inusual y característica a los inmigrantes ilegales que sólo el Gobierno Federal tiene autoridad para imponer", añade el dictamen de la jueza.
Sin los puntos más polémicos
La medida entrará en vigor mañana, como está previsto, pero sin las secciones más polémicas, como la que obliga a los agentes de policía a comprobar el estatus migratorio de una persona a la que hayan detenido por otras razones.
También queda en suspenso la aplicación de otra sección que obliga a los inmigrantes a llevar encima siempre la documentación que demuestre que se encuentren de manera legal en el país. Igualmente se suspende la sección que convertía en delito el que los inmigrantes indocumentados pudieran pedir empleo en lugares públicos.
Críticas y dudas constitucionales
El propio Gobierno de EEUU y diversos organismos civiles presentaron ante la Corte de Distrito en Fénix (capital de Arizona) una demanda para que la controvertida ley de inmigración sea declarada inconstitucional. A esta demanda se sumó México como "amicus curiae" (amigo de la Corte) y ha recibido el respaldo de los gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Perú.
El 55 por ciento de la población de Arizona apoya la nueva ley de inmigración, mientras que el 36 por ciento la rechaza, de acuerdo con la encuesta de la firma WestGroup Research para el diario Arizona Republic. Sin embargo, el 62 por ciento favorece la legalización de trabajadores indocumentados, frente a 31 por ciento que prefiere sean deportados.
Los críticos de la ley impulsada por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, alegan que puede conducir a la discriminación racial, en especial contra la población hispana. Se calcula que en Arizona hay cerca de 460.000 inmigrantes ilegales, la mayor parte de ellos hispanos. En todo EE.UU. se considera que residen doce millones de indocumentados.
