España reclamó a EE.UU. por un periodista muerto en Irak
Adrián Sack
Para LA NACION
MADRID.- La justicia española decidió dar ayer un paso decisivo en una de las causas más comprometedoras para el ejército de los Estados Unidos en la guerra de Irak.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordenó la captura y la detención de tres militares estadounidenses acusados de haber asesinado al camarógrafo español José Couso en Irak el 8 de abril de 2003, durante la jornada en la que las tropas norteamericanas entraron en Bagdad.
A pesar de que en 2009 el caso había sido archivado por segunda vez en cuatro años, el magistrado Pedraz consiguió reunir elementos probatorios suficientes para constatar que "la mayor parte de la prensa" extranjera había sido reunida en el hotel Palestina, donde murió Couso, "por indicación del Pentágono".
En la orden de detención internacional también se consigna que en el momento de los disparos realizados por el tanque norteamericano hacia el hotel Palestina "los militares que ejecutaron esa acción sabían de que en él se encontraba personal civil", entre ellos un grupo de periodistas que cubrían la toma de Bagdad por parte de una coalición militar liderada por los Estados Unidos.
Pedraz estableció así que deberán ser juzgados por un tribunal español los tres efectivos implicados directamente en la acción, que también terminó con la vida del periodista Taras Protsyuk: el sargento Thomas Gibson, el capitán Philip Wolford y el teniente coronel Philip de Camp, quien fue señalado como el responsable de impartir la orden de abrir fuego contra el hotel.
En los Estados Unidos, la réplica no se hizo esperar. El vocero del Departamento de Estado, Philip Crowley, señaló que los tres militares implicados fueron "exculpados" por una investigación militar. "Los soldados involucrados fueron sujetos a una investigación por el ejército y en el contexto que había en Irak fueron absueltos de cualquier infracción", dijo el vocero oficial, que ratificó así la versión estadounidense de los hechos, que apuntan a un "desafortunado" incidente producido en un escenario de guerra.
Por ese motivo, y con la convicción de que la causa será archivada por tercera vez, Crowley optó por restarle importancia a la hipótesis de una futura extradición a Madrid de los soldados acusados. "Dejaremos que sean las autoridades españolas las que de nuevo se ocupen de las particularidades", destacó.
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