EEUU pendiente sobre los planes de Santos sobre el acuerdo militar suspendido.
Washington, 18 ago (EFE).- Estados Unidos espera que Bogotá detalle sus planes sobre cómo proceder con el acuerdo militar que quedó suspendido el martes por la Corte Constitucional, y aseguró que, hasta entonces, la cooperación se basará en "acuerdos preexistentes".
El portavoz del Departamento de Estado para Latinoamérica, Charles Luoma-Overstreet, indicó a Efe que el Gobierno de Barack Obama está pendiente de que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se pronuncie sobre el dictamen de la Corte Constitucional de Colombia para evaluar los próximos pasos.
"Estamos esperando escuchar de la Administración de Santos sus planes sobre cómo proceder", dijo el portavoz.
Hasta entonces, "nuestra estrecha cooperación con Colombia continuará bajo acuerdos preexistentes", agregó.
El Departamento de Estado reiteró que el acuerdo de cooperación militar firmado entre ambos países en 2009 y que permitía a Estados Unidos el uso de hasta siete bases de ese país, "busca asegurar una cooperación bilateral efectiva con el fin de responder a las preocupaciones de seguridad tales como el tráfico ilícito de drogas, grupos armados ilegales y el terrorismo".
Consultado por Efe, el Pentágono se pronunció en el mismo sentido que el departamento que dirige Hillary Clinton.
El Alto Tribunal de Colombia decidió el martes dejar sin vigencia el acuerdo de cooperación militar hasta que la iniciativa cumpla los trámites propios de un tratado internacional, es decir, sea aprobado por el Congreso de ese país.
Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado, Philip Crowley, indicó en su rueda de prensa diaria que la relación militar con Colombia "es muy importante" y destacó que la suspensión es "parte de un proceso legal interno".
"Consultaremos al Gobierno de Colombia, entendemos los aspectos que implican este asunto legal y esperamos que el Gobierno de Santos tome las medidas apropiadas para garantizar que podamos mantener nuestra relación bilateral", afirmó.
Para la Corte Constitucional, el acuerdo firmado entre Colombia y Estados Unidos involucra compromisos como autorización para "acceder y utilizar instalaciones militares por personal militar y civil extranjero", "libre circulación de buques, naves, aeronaves y vehículos tácticos extranjeros por el territorio nacional, sin posibilidad de inspección o control por las autoridades nacionales".
Igualmente, autoriza el uso y porte de armas en Colombia "por personal extranjero" y la "extensión de un estatuto de inmunidades y privilegios diplomáticos para contratistas y subcontratistas, así como personas a cargo del personal de los Estados Unidos".
Por esos motivos, la Corte decidió, sin cuestionar el contenido del convenio, remitirlo "al presidente de la República para que imparta el trámite constitucional propio de tratados internacionales".
Si el Gobierno decide enviar la iniciativa al Congreso, y si es aprobado, el documento volverá a la Corte para que surta nuevamente los controles constitucionales, y si procede, hacer un estudio de fondo del tratado.
La Corte explica que las relaciones de ayuda, "asistencia y cooperación entre Colombia y Estados Unidos podrán regirse por los tratados" firmados con anterioridad al 30 de octubre de 2009, fecha en la que firmaron el convenio militar el entonces canciller colombiano, Jaime Bermúdez, y el embajador de Estados Unidos en el país andino, William Brownfield.
Así, ningún militar o personal técnico norteamericano que esté en el país debe abandonarlo pues se ampara en otros tratados.
Lo que procede ahora es que el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos lo presente ante el Congreso, pero también podría aprovechar para renegociar el contenido con Washington, opción que igualmente le obligaría a pasar el trámite parlamentario.
Cuando se conoció de este acuerdo, hace ahora un año, los Gobiernos de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua criticaron la iniciativa al considerarla una amenaza "contra la soberanía y la estabilidad de la región". EFE
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La Corte determinó que el acuerdo, firmado en octubre de 2009 por el gobierno de Barack Obama y el del entonces presidente Alvaro Uribe, debe ser aprobado en el Congreso colombiano, tras lo cual regresará a la Corte Cosntitucional para un nuevo examen
El acuerdo desató enorme polémica en la región, sobre todo por las críticas de Venezuela, que aseguraba que el pacto representaba una amenaza para ese país, que mantiene tirantes relaciones con Estados Unidos.
Estados Unidos intentó disipar las preocupaciones asegurando que el acuerdo no iba dirigido contra terceros países; y que el pacto, que autorizaba la presencia en Colombia de un máximo de 800 militares y 600 contratistas civiles estadounidenses, buscaba "asegurar la cooperación bilateral efectiva" contra el "narcotráfico, los grupos armados ilegales y el terrorismo".
El Congreso estadounidense aprobó a finales del año pasado, dentro del presupuesto de Defensa para 2010, una partida de 46 millones de dólares para tareas de renovación en la base colombiana de Palanquero, una de las incluidas en el acuerdo.
Pero el Congreso dejó claro que la partida no autorizaba el establecimiento de una base permanente estadounidense en territorio colombiano.
Estados Unidos destinó en la última década a Colombia, su principal aliado en América del Sur, más de 6.000 millones de dólares para combatir el narcotráfico y las guerrillas, a través del Plan Colombia.
Por seis votos contra tres, la Corte Constitucional dejó anoche sin efecto el "Acuerdo complementario para la cooperación y asistencia técnica en defensa y seguridad entre los Gobiernos de Colombia y los Estados Unidos de América", firmado el pasado 30 de octubre en Bogotá.
La iniciativa abría las puertas de al menos siete bases de Colombia a tropas y contratistas militares del país norteamericano, lo que desató una ola de rechazo en varias naciones de la región, como Venezuela, Ecuador, Nicaragua o Bolivia.
"La Corte constató que no se está ante un acuerdo simplificado, sino frente a un instrumento que involucra nuevas obligaciones para el Estado colombiano", dijo el presidente del alto tribunal, Mauricio González, al anunciar el fallo.
González aludió a asuntos polémicos del acuerdo, como el tránsito de tropas, vehículos, naves y aeronaves del exterior por el territorio nacional, así como a la garantía de inmunidad para el mismo personal extranjero.
Por ello, puntualizó que se trataba de un tratado internacional y que, como tal, debió ser tramitado previamente en el Congreso, como proyecto de ley, y sometido después al control constitucional.
El ministro Vargas respondió hoy, en declaraciones a Caracol Radio, que en caso de aceptar la consideración de la Corte, el Ejecutivo del presidente Juan Manuel Santos decidirá "si inicia el trámite constitucional (...) o se abstiene de hacerlo".
El acuerdo fue presentado como "simplificado" o "complementario" para facilitar su adopción, aclaró, por su lado, el general en retiro Freddy Padilla de Léon, comandante de las Fuerzas Militares por la época en la que el convenio fue negociado y firmado.
El oficial explicó a La W Radio que así lo recomendaron los asesores jurídicos de la negociación, quienes advirtieron de que a EE.UU. no le interesaba, por "circunstancias de su política exterior", un convenio sujeto a gestión legislativa.
Es posible que sea discutido y aprobado por el Congreso en Bogotá, pero no tendrá validez si la contraparte no hace lo mismo, advirtió Padilla de León, cabeza del equipo negociador por Colombia.
De todo ello estuvo al tanto en su momento el ahora presidente Santos, ya que ejerció como ministro de Defensa durante varios de los años en que gobernó su antecesor y correligionario Álvaro Uribe (2002-2009).
Junto a las reticencias con las que fue acogido aquel acuerdo por una buena parte de los países latinoamericanos, también lo rechazó la oposición colombiana y grupos de defensa de los derechos humanos, encabezados por el izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA) y la Corporación Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" (CCAJAR), organización no gubernamental (ONG) autora de la demanda del acuerdo ante la Corte Constitucional.
Estamos muy satisfechos, porque la Corte acogió nuestros argumentos", matizó hoy a Efe el jurista Luis Guillermo Pérez, miembro de esta ONG y secretario ejecutivo de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
Pérez observó que el convenio fue demandado por cuestiones de procedimiento y de fondo que se derivaron de su naturaleza de tratado internacional que compromete la soberanía nacional y no de acuerdo complementario.
Por ello debía ser aprobado por el Congreso y, también, revisado por la Corte Constitucional, agregó el letrado, para quien el Gobierno de Santos deberá tener presentes estos argumentos en una eventual nueva negociación con Estados Unidos.
Con él coincidió la presidenta del PDA, Clara López, quien pidió a Santos que "desista de los propósitos iniciales de ceder las bases a Estados Unidos".
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